Denuncia en Canarias, más de 45.000 personas migrantes han quedado excluidas del sistema de atención sanitaria

Los juicios por violencia machista archivados suben un 158% en ocho años

La ONG denuncia que en Canarias más de 45.000 personas migrantes han quedado excluidas del sistema de atención sanitaria

Los juicios por violencia machista que terminan archivándose en los Juzgados especializados en Violencia de Género han aumentado un 158% por falta de pruebas entre 2005 y 2013. La crisis económica ha tenido un terrible impacto social, pero ha sido mucho más dura con aquellos colectivos más vulnerables como son las mujeres migrantes en situación irregular y víctimas de la violencia machista. Esta es una de las denuncias que hizo ayer Miriam Clavijo, abogada y portavoz de Amnistía Internacional (AI) durante la presentación, en Santa Cruz de Tenerife, del Informe Anual de esta organización en el que muestra su pesimismo con el futuro de los derechos humanos en el mundo.

Clavijo realizó una síntesis de las vulneraciones de los derechos humanos en España y aseguró que la organización es consciente de las limitaciones que tienen estos órganos judiciales, a pesar de haberse cumplido una década de la entrada en vigor de la Ley de protección integral contra la violencia de género.

En cuanto a la Sanidad, habló de que después de la aprobación del Real Decreto de 2012 que excluye a los migrantes sin papeles de la atención sanitaria, son cientos de miles las personas que han quedado excluidas del sistema público sanitario y solo en Canarias se han visto afectadas más de 45.000 personas. Esta activista subrayó que con esta situación de exclusión de la atención sanitaria no son solo las personas migrantes las víctimas, sino que el personal sanitario o administrativo, que tiene que comunicar los efectos del Real Decreto a las personas afectadas, se ven obligados a no prestar este servicio sin informarles debidamente de los procedimientos que deben seguir. Comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra han garantizado el acceso a la asistencia sanitaria de las personas migrantes, pero no es lo que ocurre en toda España, lo que ha provocado que se incumplan los estándares internacionales en esta materia, lamentó.

La organización señala que también se vulneran los derechos humanos con la reforma del Código Penal ya que se han creado nuevos delitos, se introduce la prisión permanente revisable y se reforman delitos contra el orden público. Clavijo señaló que AI no tiene una posición respecto a la pena de prisión permanente cuando es revisable, pero la organización considera que no ha habido justificación suficiente sobre la introducción de dicha medida y tampoco una evaluación previa del impacto de ésta en otros países en los que se ha instaurado.

También se refirió al incumplimiento de las garantías y derechos de las personas que son desahuciadas incumpliendo España de forma sistemática los estándares internacionales sobre esta materia.